Espacio virtual creado realmente por Nicanor Domínguez. Dedicado a la historia del Sur-Andino peruano-boliviano.

martes, 31 de agosto de 2010

Las limitaciones del Estado peruano (1821-2010)

El Estado peruano al desnudo

Por Sinesio López Jiménez

La República, Lima, viernes, 30/04/2010

Más allá de los discursos universalistas e integradores de las élites, el peruano es un Estado parcializado, inefectivo, ineficaz y poco o nada transparente. La mayoría de los peruanos no se siente defendida ni representada por él. El conjunto de instituciones que lo definen (los poderes del Estado, la distribución del poder en el territorio, los aparatos coercitivos, la burocracia, el sistema legal) constituyen una estructura parcializada que sólo llega a una parte muy limitada del territorio y apenas cubre a las clases medias y altas. La mayor parte del territorio y la mayoría de los peruanos son atendidos en forma muy deficiente o quedan fuera de su alcance y cobertura. Todo esto es parcialmente revelado por el importante y novedoso Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD que examina el alcance y los límites de las políticas sociales.

El PNUD constata que la educación no llega a todo el territorio ni alcanza a todas las clases sociales. No todos asisten ni concluyen la secundaria. El 40% abandona sus estudios secundarios y no logran, por consiguiente, adquirir una de las herramientas que les permite romper el círculo vicioso de la pobreza. El gobierno de García, sin embargo, ha disminuido el porcentaje del PBI dedicado a la educación (del 3.8% en el 2004 a 3.2% en el 2010). Algo parecido sucede con la salud medida en términos de número de médicos por habitante. El 79% de las provincias no supera el mínimo de médicos señalado por el estándar internacional en salud. Como es obvio, las provincias de la costa son las mejor atendidas tanto en la educación como en la salud en desmedro de las de la sierra y de la selva. En estas últimas regiones el Estado es más delgado e inoperante, a diferencia de la primera en donde es más denso.

El Informe del PNUD es exclusivamente cuantitativo. No entra al análisis de la calidad de las políticas públicas en salud y en educación. ¿Qué pasa con la calidad de la educación y la salud públicas en Perú? Mi hipótesis es que, en términos cualitativos, la educación y la salud públicas en Perú y en América Latina son un desastre y que, lejos de ser mecanismos de igualación de oportunidades, constituyen espacios de discriminación. ¿Puede acaso compararse la calidad de una escuela fiscal con la de una escuela privada en donde se educan los hijos de las clases medias y altas? No. De ninguna manera porque en ella se educan los pobres, los indios y los cholos. No es el caso europeo en donde la atención en estos servicios públicos es de alta calidad porque todas las clases sociales sin discriminación asisten a los mismos centros educativos y a los mismos centros de salud. Esto genera, más allá de las jerarquías sociales y las diferencias culturales, un sentimiento de comunidad política que todos comparten y que en Perú casi no existe.

¿Qué sucede con el sistema legal y con los aparatos de justicia? ¿Qué pasa con la efectividad legal? ¿A quiénes llega efectivamente la justicia en el Perú? El Informe del PNUD no examina estos temas que son decisivos para la vigencia y la calidad de la democracia.

Mi hipótesis es que no existe efectivamente igualdad ante la ley y que la justicia no llega por igual a todo el territorio ni cubre a todas clases sociales. No se trata, por cierto, de la normatividad ideal (en el papel) en donde mal que bien se ha avanzado en forma significativa sino de la efectividad legal. Los aparatos de justicia no tratan a todos por igual y no aplican la ley de la misma manera a todos. Están sometidos a los poderes económicos, políticos, mediáticos y religiosos. La gente se siente discriminada en la aplicación de la ley y la expresa claramente en las encuestas: más del 90% afirma que en el Perú no hay igualdad ante la ley ni hay justicia para todos. Estas brechas estatales son una requisitoria feroz contra las élites económicas, los militares y los caudillos que han participado en la construcción del Estado peruano.

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El Estado coercitivo

Por Sinesio López Jiménez

La República, Lima, viernes, 25/06/2010

Sintomática la reacción de García ante la marcha senderista en el campus universitario de San Marcos: intervenir, militarizar, controlar policialmente. ¿De qué es síntoma la reacción de García? De varias cosas, pero destaco solo dos. Primero, ella reproduce la conducta de la derecha cuando Sendero Luminoso se alzó en armas: encargar a las FFAA la solución del problema del terror.

Como entonces, García renuncia ahora a la respuesta política y apuesta a una salida militar. Ya hizo lo mismo en su primer gobierno. La historia es de sobra conocida. Esa apuesta produjo miles de muertos y desaparecidos, llevó al Perú al borde mismo del abismo y generó la dictadura fujimorista. Segundo, ella revela la forma como las élites, los militares y los caudillos han construido el Estado y mantienen el orden político: la coerción pura y simple.

¿Quiénes han construido el Estado en el Perú? ¿Cómo lo han construido? ¿Qué estructuras y relaciones sociales estatales han forjado esos constructores a lo largo de la historia? ¿Cuáles son las características de esas estructuras y relaciones sociales estatales? ¿Cómo se ha relacionado el Estado con la sociedad y con la economía en las diversas etapas históricas? ¿Existe la nación peruana con la que el Estado tiene alguna relación? ¿Qué tipo de relación ha establecido y establece el Estado con la multiculturalidad del país? ¿Qué papel han jugado las clases medias y las clases subalternas en el proceso de construcción estatal? ¿Qué actores y factores externos han contribuido a la formación y al mantenimiento del Estado peruano? ¿Qué continuidades y rupturas se han producido en ese proceso de construcción? ¿Existe hoy un Estado de Derecho? Es imposible responder estas preguntas inmensas en un artículo pequeño. Hago, por eso, trazos gruesos y generales para responder algunas.

Entre 1821 y 1826 no hubo Estado ni gobierno. Reinaba el caos. Este se mantuvo durante la primera mitad del siglo XIX en medio de guerras civiles y guerras exteriores. En ese contexto el ejército fue la organización que logró mal que bien mantener la unidad del territorio en un país desconectado del exterior e interiormente fragmentado, balcanizado y refeudalizado. Los actores políticos centrales fueron los caudillos criollos y mestizos que ascendían al poder a través de golpes sucesivos, apoyándose en los militares, buscando alianzas inestables con la aristocracia criolla y rodeándose de intelectuales con orientaciones diversas (republicanos, liberales y conservadores). En la era del guano, el Perú se reconectó con el exterior y emergió una élite comercial exportadora que buscó cambiar el epicentro de la política de los cuarteles a la sociedad civil. Ella organizó las finanzas públicas y diseñó un sistema legal, pero el orden político siguió reposando en la coerción (ejército) y los actores principales siguieron siendo los caudillos. La guerra con Chile interrumpió este proceso de modernización.

En la primera mitad el siglo XX la política fue recuperada por la oligarquía que gobernó el país en alianza con el gamonalismo, apoyándose en el capital extranjero y en las FFAA institucionalizadas. Ella no tuvo interés en reconocer e integrar el mundo andino. Se preocupó más bien en negarlo, homogeneizándolo a través de la educación en español. La defensa de sus intereses agrario-minero exportadores la llevó a organizar un Estado principalmente coercitivo y a crear los aparatos burocráticos y el sistema legal necesarios que ayudaran a manejar mejor sus negocios y su dominio señorial. Nunca le interesó construir un bloque social con las clases populares y organizar un Estado hegemónico.

El papel de las FFAA como institución a fines de los 60 y el de los poderes fácticos en los 90 en la construcción del Estado populista y del Estado neoliberal respectivamente será analizado en el próximo artículo.

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El tigre que no fue

Por Sinesio López Jiménez

La República, Lima, viernes, 02/07/2010

Entre 1950 y 1970 se produjo un cambio político de enorme proyección histórica. El Apra, que había nacido para hacer las grandes reformas antioligárquicas, pasó a ser un partido aliado de la oligarquía, y las FFAA, que habían sido el firme soporte de esta, respaldaron e impulsaron las reformas. Las FFAA hicieron lo que el Apra pensó hacer y no hizo. Las FFAA pretendían, sin embargo, que las nuevas élites empresariales y políticas se colocaran a la cabeza de esas reformas. Ese es el sentido claro del golpe antioligárquico y antiaprista de 1962 y el de la elección de Belaunde en 1963. Ante el fracaso de Belaunde, las FFAA asumieron, como institución, el gobierno y el poder del Estado con el golpe del 3 de octubre de 1968.

A través de profundas reformas estructurales, de las cuales la reforma agraria fue sin duda la más importante, el gobierno militar liquidó a la oligarquía y al gamonalismo, puso límites a la dominación de EEUU, organizó un bloque nacional-popular, ofreció mejores condiciones de vida a las clases populares y reconoció a los indios y a los cholos. Como dictadura militar, sin embargo, concentró el poder en el Ejecutivo, sacó del juego a los partidos y disciplinó, controló y limitó la participación política para realizar los cambios en orden y evitar los desbordes populares. Los politólogos (Alfred Stepan entre ellos) han llamado corporativismo inclusivo a este tipo de bloque nacional-popular que, para integrar a los de debajo de la escala social, combina consenso y coerción al mismo tiempo.

El gobierno militar impulsó las reformas más importantes que acabaron con el Estado oligárquico-patrimonial, pero no logró construir un Estado plenamente moderno y eficaz. Concentró toda la autoridad en el Estado; amplió el dominio burocrático a través de la creación de varios ministerios; modernizó y reforzó el poder de las FFAA; descabezó y reformó el PJ; ensanchó el campo de la ciudadanía (al eliminar la servidumbre rural) y desplegó agresivas políticas sociales y culturales. Emprendió asimismo una audaz reforma educativa que amplió la cobertura pero no mejoró su calidad. Pese a estos cambios estatales importantes, el gobierno de Velasco no logró construir una burocracia weberiana: racional, eficaz, objetiva, impersonal. Tampoco logró que la ley llegue a todo el territorio. Las instituciones estatales no lograron funcionar con coherencia y eficacia, como toda burocracia moderna.

El Estado construido por los militares fue, sin embargo, más o menos autónomo. No se sometió a los poderes de las élites privadas ni a los poderes imperiales. Acabó más bien con las primeras y resistió a los segundos. Esa autonomía provenía de varias fuentes. Por un lado, de una cierta calidad de las élites militares que se habían formado en el CAEM desde los años 50 del siglo pasado y, por otro, de un amplio control de recursos económicos que le brindaba el capitalismo de Estado. El Estado Velasquista no logró forjar, sin embargo, una élite tecnocrática de primera calidad que fuera capaz de elaborar un agresivo proyecto de desarrollo industrial y de comprometer a las élites empresariales a realizarlo. Se rodeó de ideólogos más que de tecnócratas educados en las mejores universidades del mundo.

El Perú carecía, además, de una élite empresarial importante capaz de llevar a cabo los posibles proyectos empresariales de una supuesta élite tecnocrática. De haber existido esa alianza público-privada en torno a un vigoroso proyecto de industrialización y de haber contado con una burocracia weberiana, como en el caso de los tigres asiáticos, el destino del Perú hubiera sido probablemente diferente. Ante tales carencias, el gobierno militar pudo construir algunas islas de modernidad, como los casos de Brasil y de la India, pero no hizo esa apuesta. En su lugar, apostó por un capitalismo de Estado basado en el control de los recursos naturales y en un débil desarrollo de la industria sobreprotegida.

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Tomado de: http://www.larepublica.pe/el-zorro-de-abajo/02/07/2010/el-tigre-que-no-fue

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